Sanciones y cárcel para uniformados involucrados en el motín, ultraje a símbolos patrios y la crisis de 2019

De 27 policías denunciados por su participación en el motín de 2019, por ultrajar símbolos nacionales y promover entonces el racismo y la discriminación, 14 uniformados fueron dados de baja de forma definitiva, es decir, fueron alejados de la institución verde olivo.

Uno de los últimos expulsados de la Policía fue el mayor Daniel Gualberto Capriles Sánchez, acusado por instigar el motín de 2019, en coordinación con el grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), informó el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori Yana.

El 18 de enero de 2021, el viceministro Condori formalizó la denuncia en contra de 27 servidores públicos policiales, por diferentes faltas administrativas que generaron y promovieron el racismo y discriminación, mismas que fueron denunciadas ante el sistema disciplinario de la Fiscalía Policial.

Hasta el miércoles 30 de diciembre, 14 uniformados fueron dados de baja de manera definitiva de la Policía, informó el viceministro, quien dijo que los casos señalados, de ninguna manera pueden ser considerados como “persecuciones”, sino sanciones a algunos malos uniformados que se amotinaron en hechos que “nunca más puedan suceder en el Estado Plurinacional”.

Según reportes de la Dirección General de la Oficina de Control Interno, entre otras destituciones definitivas se encuentran las del capitán José Vargas Barrón.

En este caso, el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, explicó que el exoficial tuvo una participación protagónica en la ruptura constitucional, según imágenes y una denuncia.

“Él tiene una identificación. Hay muchas fotografías que está con la Resistencia Juvenil Cochala, que eso ha sido adjuntado. Se ha hecho las pericias y los desdoblajes pertinentes”, sostuvo.

El 25 de octubre, el Tribunal Disciplinario de la Policía de Chuquisaca determinó la baja de la suboficial Cecilia Calani, quien enfrentó al menos cinco procesos disciplinarios por faltas graves y gravísimas ante un tribunal interno por haber liderado el amotinamiento policial durante los conflictos de noviembre de 2019, cuando varios sectores movilizados presionaron para la renuncia del entonces presidente Evo Morales.

El 5 de octubre, el mayor de Policía, Jorge Salazar Ramírez, fue dado de baja por el Tribunal Disciplinario de Cochabamba por su participación en el motín policial de noviembre de 2019.

Se observó que el exoficial atentó también contra un símbolo patrio al arrancar de su uniforme la wiphala.

El 30 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de La Paz dispuso la baja definitiva del mayor Edwin Silva García por su participación en el motín de 2019. “Resuelve dictar la resolución sancionatoria de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación contra el sr. My. Edwin Silva García”, señala la resolución del caso.

La decisión fue tomada en observancia a la transgresión de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

El 28 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de Cochabamba, dispuso la baja definitiva sin derecho a reincorporación de la capitana Ivonne Edith Barrenechea Arispe, por haber sido parte del motín en 2019.

De acuerdo con la Resolución Administrativa 130/2021, se emitió la sanción por falta grave prevista en el artículo 13, numeral 15 y el artículo 14, numeral tres de la Ley 101. “Imponiéndole en consecuencia la máxima sanción prevista en los artículos 14 de la Ley 101, es decir, baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación”, menciona la resolución del caso.

El 25 de septiembre, el coronel Aníbal Rivas recibió su baja definitiva por el caso del motín policial.

El 16 de septiembre, La Razón informó que el mayor Jhamil Jhasmany Sandy Gonzales fue sancionado con la baja definitiva por su participación en el motín en Cochabamba y haber retirado de su uniforme la wiphala.

La sanción se le impuso por incurrir en faltas graves: “Instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión” e “incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial”, según la publicación.

El 10 de septiembre, el Tribunal Disciplinario de la Policía Boliviana ordenó la baja definitiva del capitán Marcelo Gutiérrez por el caso del motín, según declaraciones de su abogado, Gary Yugar, a un canal de televisión.

El 4 de septiembre, el Tribunal Disciplinario determinó dar de baja al teniente coronel Nelson Flores Claros por haber liderado el motín de 2019 en Cochabamba, desde la Unidad Táctica de Operaciones Policiales.

“Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana dicta resolución sancionatoria en contra del Tcnl. Nelson Flores Claros por haber cometido la falta gravísima prevista en el artículo 13 numeral 15, y el artículo 14 numeral 3 y numeral 10 de la Ley 101, imponiéndole en consecuencia la máxima sanción prevista en el artículo 14 de la Ley 101, es decir: Baja Definitiva de la Institución sin derecho a reincorporación”, reseña la resolución.

El 3 de septiembre, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó que el excomandante de la Policía, Yuri Calderón, fue dado de baja de forma definitiva, por la comisión de faltas graves como el “instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión”.

Se lo alejó de la Policía también por recurrir a influencias o recomendaciones para obtener destinos u otras prebendas en beneficio personal o de terceros.

La decisión, dijo, fue asumida por el Tribunal Disciplinario de la Policía de La Paz en contra del General que estuvo al mando de la Policía en los días previos al golpe de Estado de 2019.

El 5 de marzo, Del Castillo informó que el exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, Iván Rojas, fue dado de baja definitiva de la Policía.

Procesados por delitos

Además de ellos, un juez dictó prisión preventiva para el excomandante de la Policía, Rodolfo Montero, a quien se le imputan los delitos de genocidio, homicidio, lesiones graves y leves asociados a la masacre de Senkata suscitada en 2019.

El excomandante de Cochabamba, Jaime Zurita, cumple medidas sustitutivas en el marco de las investigaciones sobre la masacre de Sacaba y el excomandante policial Javier Fuad Vaca, que fue recluido por las muertes en la zona Sur, falleció.

Militares detenidos

Los exjefes militares Flavio Arce San Martín, Jorge Pastor Mendieta, Jorge Gonzalo Terceros y Palmiro Gonzalo Jarjury están detenidos preventivamente por los casos golpe de Estado I y II. Los uniformados eran parte del Alto Mando Militar presidido por el general Williams Kaliman.

En julio de 2021, fue detenido el exjefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, general Pablo Arturo Guerra Camacho, por las investigaciones judiciales al golpe de Estado de noviembre de 2019 y las masacres ocurridas en Sacaba y Senkata.

Guerra Camacho junto a dos excomandantes y el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Fernando Valverde, está acusado por la violencia y los 10 muertos por impactos de bala en Senkata, El Alto, el 19 de noviembre de 2019, informó Telesur.

El 22 de julio, el excomandante del Ejército Iván Patricio Inchauste Rioja fue aprehendido en Cochabamba en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia de 2019.

El 2 de diciembre, la Fiscalía y la Policía detuvieron al contralmirante Aldo Bravo Méndez, exinspector de las Fuerzas Armadas involucrado en las masacres tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

Via: ABI